El Decreto-Ley 5/2025, en vigor desde el 27 de junio de 2025, introduce un incremento significativo en los principales tributos que afectan a las operaciones inmobiliarias en Cataluña. Las modificaciones afectan tanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) como al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), dos figuras fiscales esenciales en la compraventa de inmuebles y en la formalización de operaciones notariales.
Entre las medidas más destacadas, se eleva el tipo general del ITP para determinadas operaciones inmobiliarias, y se incrementa el tipo del AJD del 2,5 % al 3,5 %. Estas subidas buscan aumentar la recaudación autonómica y compensar el gasto público derivado de las políticas sociales y de vivienda impulsadas por la Generalitat.
El cambio afecta especialmente a compradores particulares, fondos de inversión inmobiliaria, promotores y sociedades patrimoniales, que verán encarecidos los costes de adquisición y formalización de sus operaciones. Los expertos prevén que esta medida pueda influir en el ritmo de compraventas y en la planificación fiscal de nuevas promociones o transmisiones de activos.
La Generalitat justifica el aumento argumentando que la presión inmobiliaria en determinadas zonas de Cataluña requiere medidas que favorezcan la redistribución y la inversión pública en vivienda asequible. Sin embargo, distintos sectores del ámbito empresarial y jurídico alertan de que la subida podría reducir la competitividad del mercado catalán frente a otras comunidades autónomas.
Esta reforma supone un nuevo reto para el mercado inmobiliario en Cataluña, que deberá adaptarse a un entorno fiscal más exigente y a una creciente intervención en materia de vivienda y urbanismo.