Durante la primera mitad de 2025 se han introducido varias modificaciones fiscales que afectan al mercado inmobiliario en España. Estas medidas tienen como objetivo adaptar la normativa a la evolución del sector y reforzar la transparencia en las operaciones de compraventa y tenencia de inmuebles.
Entre los cambios más relevantes destacan los ajustes en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que afectan tanto a compradores particulares como a sociedades. También se ha intensificado el control sobre las estructuras patrimoniales utilizadas para invertir en bienes inmuebles, especialmente aquellas vinculadas a inversores internacionales.
Asimismo, se han ampliado los incentivos fiscales dirigidos a proyectos de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética, con el fin de impulsar la renovación del parque inmobiliario. Por otro lado, la revisión de los valores catastrales y de referencia incide directamente en impuestos como el IBI y las plusvalías municipales, lo que podría modificar la carga fiscal de muchos propietarios.
Estas novedades confirman la tendencia hacia una mayor regulación del sector y obligan a los agentes inmobiliarios, propietarios e inversores a mantenerse atentos a la evolución normativa para evitar desequilibrios o sobrecostes imprevistos.