Nuevos impuestos a viviendas vacías y a la inversión extranjera: el Gobierno busca frenar la presión

El Gobierno español ha presentado un borrador de ley fiscal que propone importantes cambios en la tributación del sector inmobiliario. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda en junio de 2025, tiene como objetivo aumentar la recaudación y fomentar el acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades con mayor presión residencial.
 

Entre las medidas más destacadas, se incluye un aumento del tipo impositivo para las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) —conocidas internacionalmente como REIT—, que pasarían de tributar al 15 % al 25 % si no destinan parte de sus activos al alquiler asequible. También se prevé un recargo fiscal para las viviendas vacías, con el fin de incentivar su puesta en el mercado.
 

Otra de las propuestas más comentadas es la limitación a la compra de inmuebles por parte de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, junto con la aplicación de tipos impositivos más altos en la adquisición de segundas residencias o inversiones puramente especulativas. Según el Ejecutivo, estas medidas buscan evitar la presión sobre los precios del mercado residencial y favorecer la oferta de vivienda para residentes.
 

El proyecto de ley también contempla elevar el IVA aplicable a los alquileres turísticos del tipo reducido al 21 %, equiparándolos a otras actividades comerciales. Este cambio afectaría a plataformas digitales y a propietarios que gestionan viviendas destinadas a estancias de corta duración.
 

Estas reformas, aún en fase de debate parlamentario, han generado una intensa discusión en el sector inmobiliario. Los defensores argumentan que la medida puede contribuir a moderar los precios y a favorecer la vivienda asequible, mientras que los críticos alertan de un posible efecto disuasorio sobre la inversión extranjera y el mercado del alquiler turístico.
 

El texto definitivo se espera para finales de 2025, y su aplicación dependerá de la aprobación en el Congreso. De confirmarse, supondría uno de los cambios fiscales más relevantes de los últimos años en el panorama inmobiliario español.